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El proyecto que modifica la Ley de Seguridad Vial fue aprobado este martes en la Cámara alta. Los detalles de las modificaciones que impactan en quien superen el límite de alcoholemia de 0,5 g/l. 

La Cámara de Senadores provincial dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Seguridad Vial, un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que forma parte del paquete de propuestas en materia de seguridad que presentó el Gobierno. Este cambio en la Ley 9024, introduce importantes modificaciones, especialmente para los conductores que superen el límite de alcoholemia de 0,5 g/l. Fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra. El endurecimiento se suma a lo sancionado en la Legislatura días atrás, donde, por ley, conductores ebrios deberán pagar su estadía en hospitales públicos de Mendoza.

El senador radical Abel Freidemberg explicó los alcances del proyecto de ley y subrayó la "urgencia de abordar la problemática del consumo de alcohol al volante, un asunto crítico para la salud pública". "Cada dos minutos fallece una persona en el mundo por accidentes viales, lo que equivale a 3.200 muertes diarias", dijo el sanrafaelino.

Asimismo, aportó que un estudio de 2018 realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) reveló que el 25.1% de los ingresados por accidentes viales en 38 hospitales públicos del país había consumido alcohol seis horas antes del siniestro. Sumo que dicha problemática es especialmente grave entre los jóvenes de 15 a 34 años, quienes representan cuatro de cada diez víctimas de accidentes viales.

Destacó que la provincia de Mendoza "ha trabajado en sintonía con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, estableciendo límites estrictos de alcoholemia y aumentando las sanciones para los infractores". Por ello es que la Ley de Tránsito se ha reformado para imponer inhabilitaciones, retenciones de licencia y vehiculares más rígidas, especialmente para aquellos con una alcoholemia superior a un gramo por litro.

El proyecto de ley busca, entre otros aspectos, simplificar la certificación de alcoholímetros, permitiendo que la calibración se realice en Universidades y otras entidades, evitando largos trámites burocráticos. También introduce la reincidencia agravada para quienes conduzcan con niveles de alcoholemia fuera de los límites permitidos, extendiendo la inhabilitación para conducir hasta 365 días y facultando al juez para ordenar cursos de capacitación y prevención. Otro punto clave del proyecto, según Freidemberg, es la gestión de vehículos retenidos por infracciones.

“La receta electrónica en Pami y Osep viene existiendo hace rato, hace 5 años que existe una plataforma virtual donde cuando el médico hace la prescripción la sube a la nube y el afiliado va a su farmacia de confianza y ahí le validan la receta”. Dijo Mario Valestra Presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza.

“Hay muchas prepagas que tienen plataformas digitales esto no significa que sea excluyente que tenga que usar sí o sí plataformas digitales. Las provincias son autónomas de legislaciones de salud, es decir que Mendoza tiene su propia legislación que de alguna manera ordena la situación sanitaria de la provincia”.

La receta electrónica comenzó a ser utilizada en Mendoza a partir del 1 de julio.  “Se está utilizando en hospitales como el Lagomaggiore pero no en el Perrupato y en otros hospitales debido a que no es la mejor época para empezar una nueva modalidad teniendo en cuenta las patologías y la demanda sanitaria, en la Zona Este no hay hospitales con receta digital”.

“En la parte privada que es lo que refiere a todas las farmacias de la provincia Mendoza tiene una ley propia de prescripción digital pero que la están reglamentando porque no podes poner solamente la forma de prescripción digital como única alternativa cuando tenés una geografía donde a veces hay poco accesibilidad de internet”.

De esta manera queda claro que no es obligatoriedad la receta digital y que va a convivir con la receta papel.

Empleados del departamento de San Martín fueron a la Justicia y detallaron una trama escandolasa. Daños psicológicos y baja de sueldos.

Este comienzo de semana no fue sencillo para el jefe comunal Raúl Rufeil, ya que se difundieron una serie de pruebas y denuncias de empleados municipales que demuestran el maltrato de funcionarios hacia ellos. 

En uno de los casos, se mandó al “castigado” a cuidar un pozo de agua. Para ello sólo contaba con un balde y una tabla para estar sentado durante toda la jornada laboral a la intemperie, sin baño, agua potable y sin seguridad alguna.

“No se trató de episodios aislados sino de meses de violencia laboral. Hoy todos están diagnosticados con incapacidades importantes por lo sucedido”, comentó Sergio Palermo, abogado de los denunciantes.

E insistió: “Son nueve personas perjudicadas, con daños psicológicos y con incapacidad dictada por profesionales. Les han hecho quita de salarios a dedo, los han discriminado y viven con la amenaza latente de que les saquen ítems, lo cual bajaría aún más sus sueldos”. Recordemos que el municipio de San Martín es uno de los que tiene los sueldos más bajos de la provincia, un empleado municipal de bajo escalafón no supera los $100.000 mensuales, irónico ya que la semana pasada otro medio publicó que el intendente Rufeil es el que mayor sueldo tiene de los jefes comunales de Mendoza superando $1.700.000 mensuales. 

Por lo pronto, en protección de estos agentes municipales, la Justicia determinó prohibición de acercamiento a los funcionarios de Rufeil hacia los nueve denunciantes: Eduardo Saúl Reta, Raúl Tamagnone y Jorge Giuliano. 

La semana pasada el mismo medio, difundió una noticia donde se acusaba de maltrato a una de las funcionarias y mano derecha de Mauricio Petri, actual secretario de gobierno del municipio.

La provincia emitió una resolución en la que se adhiere al lineamiento nacional de que las cédulas azules y verdes ya no caduquen. El detalle de la medida en Mendoza.

Hace pocos días, el Gobierno nacional oficializó la derogación de la Cédula Azul para conducir un vehículo, por entender que ese instrumento "carece de sustento y aplicación prácticos", y también estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento. Este miércoles, en el Boletín Oficial de Mendoza salió publicada una resolución en la que la provincia confirma que se adhiere a la medida del Gobierno de la Nación que establece que las cédulas verdes y azules para la autorización del manejo de un vehículo ya no caduquen.

En concreto, la Dirección de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial solicitó la adecuación a la disposición nacional y sostiene que "el Artículo 13 de la Ley N° 9024 provincial de Tránsito, faculta a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Vial a realizar la coordinación efectiva y permanente en materia de Seguridad Vial con la Nación y con otras jurisdicciones provinciales, por medio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial".

La resolución provincial lleva la firma del director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán y establece, además, que: "Las Cédulas de Identificación del Automotor y del Motovehículo, ya sea en su formato digital o físico, no caducarán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo".

Y sostiene que: “Las Cédulas de Identificación para Autorizados a Conducir ya emitidas continuarán vigentes hasta tanto sean revocadas por quien las peticionó", en parte de su segundo artículo. En este caso, ya no tendrán vigencia ni validez de cualquier fecha de vencimiento las tarjetas azules o verde, que uno obtiene a la hora de adquirir un vehículo luego de firmar todos los papeles necesarios en el Registro del Automotor. Esto implica que si a un conductor le exigen las cédulas en un control policial, la fecha de vencimiento no será un ítem a tener en cuenta por las autoridades de control.

A su vez, los conductores podrán circular con las cédulas de forma digital o física y ambas tendrán validez hasta que haya un cambio de titularidad en el auto. Sin embargo, seguirá siendo requerida la tarjeta por ende los conductores no deben deshacerse de la misma, junto con demás documentación del auto o camioneta.

Una violenta riña en la madrugada de este domingo en San Martín dejó a dos personas heridas y a otras dos detenidas. Uno de los lesionados se encuentra grave tras recibir un piedrazo en la cabeza. 

El hecho sucedió pasadas la 1 en Molina y Bayo, zona de Tres Porteñas. Allí hubo una pelea en la que uno de los aprehendidos declaró que ante la inminente agresión que recibiría, tomó una piedra de grandes dimensiones y golpeó a otro de los individuos en la cabeza. 

Este último, de 41 años, fue trasladado al hospital Perrupato en donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneal con un hundimiento de cráneo, siendo derivado al Central. 

La otra víctima, un hombre de 45 años. sufrió traumatismo de cráneo leve y quedó internado en observaciones. 

En tanto, los supuestos agresores, de 28 y 22 años, quedaron alojados en la Comisaría 39 de San Martín, a disposición de la Justicia para una eventual imputación.

Finalmente, la reunión que estaba prevista para este lunes entre el Gobierno Nacional y los gobernadores dialoguistas se suspendió la noche de este domingo por “una cuestión de agenda” y pasó para después de Semana Santa.

El Ejecutivo intentaba avanzar en acuerdos que respalden la nueva ley ómnibus y delineen el camino hacia los próximos meses, pero el encuentro convocado para las 15.30 no se llevará a cabo, trascendió desde Casa Rosada.

La convocatoria era la segunda de su tipo desde la reunión inicial del 8 de marzo, que busca consolidar consensos y sondear posibles obstáculos en el camino hacia la implementación de políticas clave.

La misma iba a realizarse en modalidad mixta, con algunos gobernadores presentes y otros participando a través de videoconferencia. Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y Guillermo Francos, ministro del Interior, iban a ser los representantes del Gobierno en la reunión, pero finalmente fue pospuesta.

Si bien trascendió que era por una cuestión de agenda, la falta de acuerdo para algunos temas que busca el presidente Javier Milei y la no invitación de algunos gobernadores provocaron que se busque una nueva fecha para potenciar el diálogo. La nueva fecha sería el próximo 4 de abril.

Esther Sánchez fue parte de la última reunión del Consejo Interuniversitario. Se trató y se cuestionó abiertamente el aumento de presupuesto que dio el Gobierno únicamente a la UBA.

Este miércoles se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, fue parte del cónclave. El CIN se expresó ante la decisión del Gobierno de actualizar solamente el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires y no de todo el sistema universitario del país. "No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", disparó Sánchez en defensa de la institución cuyana. De esta manera, recrudece el conflicto entre el Gobierno y las universidades, aunque prometen seguir dialogando.

"El planteo del Consejo Interuniversitario Nacional es que aquí no se tiene en cuenta que somos una república federal, porque a la hora de los hechos y de responder a todas las universidades sólo se tiene en cuenta la Universidad de Buenos Aires. Esto implica que del total de estudiantes del sistema universitario, más de 2 millones de estudiantes, 300.000 aproximadamente son de la UBA y el resto -más de 1.700.000 estudiantes- corresponden a universidades de todo el país, ubicadas en distintas ciudades del país", dijo Esther Sánchez sobre la reunión que se llevó adelante en Ciudad de Buenos Aires.

"Eso implica que más del 85% de los estudiantes son considerados de segunda categoría, mientras que los estudiantes de la UBA son considerados de primera categoría, resolviéndoles las necesidades planteadas por todo el sistema universitario y otorgadas con exclusividad a la UBA", evaluó la rectora.

Sánchez aclaró que "no es sólo el tema de gastos de funcionamiento lo que es necesario resolver. En el caso de las universidades que tenemos hospitales, es mantener actualizados esos valores. También hay otros aspectos que son sumamente relevantes y tienen que ver con salarios dignos para nuestros docentes y no docentes, con becas actualizadas, con mantener el sistema de ciencia y tecnología. Todos estos son aspectos que han sido planteados y sin respuesta aún". 

"Pedimos diálogo, pero también pedimos un tratamiento igualitario a todas las universidades", concluyó la máxima autoridad de la UNCuyo

Mi más sincero agradecimiento al Ministro de Defensa Luis Petri  por confiar en mí para integrar el equipo de gestión de la Universidad de la Defensa Nacional (Argentina) Asumo el rol de vicerrectora con el compromiso de trabajar por la educación pública de calidad. #EducaciónPública", posteó la mendocina Dolores Lettelier este 24 de marzo a las 11 de la mañana en la red social X. La mujer, excandidata a diputada provincial cuando Petri fue precandidato a la gobernación, fue nombrada oficialmente en su cargo de vicerrectora de la Universidad que forma militares y civiles en Defensa gracias a la decisión del ministro de Javier Milei. 

Petri no ha dejado de nombrar funcionarios de su estrecha confianza en el Gobierno nacional desde que asumió como ministro Lo que demuestra que no ocupa solo un cargo sino que tiene gente propia y construye poder . En primer lugar pone los nombres del ministerio de Defensa pero también los de otros organismos como el del titular de la Anses local, Emilio Agu.

Un hombre de 45 años que había ingresado al Hospital Central el pasado martes 19 de marzo infectado con dengue falleció este sábado. Contaba con comorbilidades previas. 

La víctima fue identificada como Daniel Zárate (45). El hombre presentaba “enfermedades preexistentes (obesidad mórbida e hipertensión arterial con mala respuesta al tratamiento)”.

El martes 19 ingresó al Hospital Central con fiebre, cefalea y dolor abdominal. Debido a su estado crítico, pasó a una unidad de cuidados intensivos (UTI), en donde se produjo su fallecimiento el día sábado 23 de marzo en horario de la tarde. “El diagnóstico era dengue grave”, confirmaron. La muerte de la víctima se conoció más de 24 horas después, este domingo luego de las 22 horas.

“Íbamos saliendo porque nos íbamos a juntar con unos amigos y no hay señalización de que salga agua, entonces sentimos que se nos hundió el auto y se cayó de la parte mía. Tuve que llamar a mis hijos que nos dieron una mano pensando que lo iban a poder sacar pero no podían porque cada vez se hundía más”.

Dado este momento es que decidieron llamar a la policía pero tampoco pudieron sacar el auto del pozo que se estaba haciendo. “Llamaron a los bomberos y resulta que dijeron que el chofer no estaba y no vinieron entonces mi hijo llamó a la municipalidad”.

 “Mandaron un camión y ahí pudieron sacar el auto. Se ha roto un caño debajo de la tierra y eso se ha ido humedeciendo y se ha ido agrietando por eso nos hundimos, ayer vinieron a arreglar, hicieron un pozo lo han dejado con cinta y no sabemos qué van a hacer está cortada la calle”, finalizó diciendo la mujer. 

La víctima terminó en un zanjón pero afortunadamente solo tuvo golpes menores.

Es moneda corriente lamentablemente, encotrar pérdidas de agua en todos los departamentos que integran la Zona Este. Los vecinos se cansan de reclamar pero no reciben respuestas.

Diputados nacionales pertenecientes a la Coalición Cívica presentaron un proyecto de Ley destinado a modificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El propósito principal de esta propuesta es establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que permita compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por el aumento de la inflación para el segundo incremento del año.El texto del proyecto establece que las prestaciones jubilatorias se ajustarán a partir del mes de abril utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Ante esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría activar en abril una suba de por lo menos el 15% para los haberes de jubilados y pensionados, lo que traccionaría la mínima actual de $ 134.445 a $ 154.612.

Actualmente, el Gobierno entrega el primer aumento que rige por la ley vigente que se fijó en 27,18% y un bono de $70.000 para aquellos jubilados que cobran un haber mínimo a través de la Administración Nacional de Social (Anses).